Los funcionarios de prisiones estudian denunciar a Marlaska por el protocolo desvelado por OKDIARIO

En las prisiones españolas hay ahora mismo aproximadamente 50.000 presos. Entre ellos hay tantos tipos de personas como delitos que los han llevado hasta esa situación. Estadísticamente seguro que hay hasta más de un inocente cumpliendo una condena injusta.

Cumplen condena o esperan juicio en prisión preventiva autores condenados o presuntos autores de delitos como asesinatos, violaciones, abusos y violaciones a menores, robos, estafas, narcotráfico, terrorismo y muchos más. Pues bien, todos ellos sin excepción, serán a priori creídos si denuncian haber recibido malos tratos por parte de los trabajadores penitenciarios que los custodian.

Y todo eso en virtud de una instrucción interna que ha revelado este diario y que ha provocado la reacción y el rechazo frontal de las principales asociaciones de funcionarios de prisiones, quienes lejos de conseguir que se les reconozca como agentes de la autoridad, han visto con este escrito como pasan a ser automáticamente presuntos culpables de cualquier acusación realizada por un recluso sin aportar más pruebas que su palabra.

La asociación Tu Abandono Me Puede Matar ha confirmado a OKDIARIO que sus servicios jurídicos están revisando el detalle del protocolo, que ya circula en la mayoría de las cárceles, para denunciarlo ante los tribunales. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, es el máximo responsable de un documento encabezado por el escudo de su ministerio, pero firmado por el subdirector de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias José María Pérez Peña.

Por su parte la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones ha remitido una durísima carta al elegido por Marlaska para dirigir las cárceles españolas, Ángel Luis Ortiz, director de Instituciones Penitenciarias. La APFP, además de recordarle que la población reclusa es tremendamente heterogénea y que creerlos en masa aunque sea de forma preventiva es muy arriesgado, explica en un escrito al que ha tenido acceso este periódico, las graves situaciones de inseguridad que puede provocar la instrucción que se ha distribuido.

“Los funcionarios llevamos años solicitando la condición de agente de autoridad para los trabajadores penitenciarios sin que se llegue a consumar. Ahora, y por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con este protocolo, se les da esa condición a los internos, atribuyéndoles la presunción de veracidad al denunciar sin necesidad de mostrar lesiones».

«Coacciones y amenazas»

Según los funcionarios esta norma es peligrosa en el día a día de una cárcel porque «puede dar lugar a extorsiones, amenazas y coacciones por parte de los internos hacia los trabajadores/as penitenciarios con el fin de conseguir beneficios penitenciarios o mejoras en su vida diaria”.

Por cierto, que todos los trabajadores contactados por este periódico coinciden en su deseo de investigar cualquier hecho que atente contra la dignidad o bienestar de un recluso, pero lo que no aceptan es que sea cual sea la versión del interno sobre una agresión, sus antecedentes carcelarios, su comportamiento o incluso que no tenga ni rastro de ningún tipo de maltrato, se acepte a priori que lo que dice es cierto.

Además, este tipo de escritos, según los profesionales consultados, atentan contra la profesionalidad y también contra la imagen de los trabajadores en las cárceles, y éste argumento lo defienden con cifras: «Queremos dejar claro que los funcionarios/as penitenciarios somos las víctimas y no los verdugos. Seguimos sufriendo cientos de agresiones todos los días por las personas privadas de libertad, sin que nuestra Administración tome cartas en el asunto. En el año 2020 se produjeron 90 incidentes con resultados lesivos para con nuestros compañeros/as con 142 trabajadores afectados».

Pero los funcionarios también tienen datos para dinamitar la necesidad de un protocolo que será aplicable en todo el territorio español y sin excepciones. ¿Tantos casos de torturas y malos tratos ha habido en las cárceles españolas como para diseñar una instrucción tan desequilibrada? Las cifras hablan por sí solas.

La plantilla de funcionarios de prisiones la forman aproximadamente 25.000 personas, pero ojo, porque en algunos casos la ratio de presos por trabajador es de 100 a 1. Pero vamos a los que nos ocupa. Entre los años 2009 y 2018, prácticamente una década, se emitieron 758 informes de inspección penitenciaria por presuntos malos tratos, ninguno de tortura. ¿Cuántos acabaron en sanción? Once. Poco más de un caso de malos tratos acreditados por año en todas las cárceles españolas. Sólo en 2018 hubo 111 informes según APFP y según la asociación profesional no hubo ni una sola sanción.

Los datos respaldan que tal vez un protocolo único que a priori crea a todos los presos que denuncien malos tratos es un poco exagerado, sobre todo porque de paso atropellan la presunción de inocencia de unos trabajadores que ya se resignan. «Es una falta de respeto al colectivo y a nuestra profesionalidad, pero es otra más de una larga lista», se lamentan.